El gobernador Héctor Astudillo Flores acusó públicamente al grupo de "autodefensa" de San Miguel Totolapan vinculado a la organización delictiva La Familia Michoacana, de actuar al margen de la ley y cometer delitos al afirmar que retuvieron a 20 personas, entre ellos la señora María Félix de Almonte, madre del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte El Tequilero, sin tener “ningún elemento de carácter legal para hacerlo”.
Luego anunció que no acudirá a la cabecera de San Miguel Totolapan, hasta que existan condiciones de seguridad para él y sus colaboradores, y las personas acusadas de formar parte de la banda de Los Tequileros que se encontraban retenidas por el grupo armado ligado a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga fueran entregadas a las autoridades para liberarlas porque se ha violentado el debido proceso.
Astudillo Flores expresó que todo lo que ha hecho su gobierno fue “para que a nadie se le quite la vida”, y dijo que sería más grave si no intervinieran las autoridades estatales.
“El gobernador ha hecho todo lo que le ha correspondido hacer para que a nadie se le quite la vida, eso es lo más importante, qué grave hubiera sido que el gobierno no hubiera puesto su parte y que esos días terminaran en una tragedia. Pueden criticarme mucho, pueden decir muchas cosas, pero yo estoy consciente de que hice lo más adecuado para que en ese lugar no se complicaran más las cosas”, expresó.
En breves declaraciones a reporteros al concluir un evento en la Sala de la República de la Casa Guerrero, a las 12:30 de la tarde del viernes, Astudillo dio a conocer que en el transcurso del día las personas retenidas por el grupo armado serían entregadas a las autoridades y trasladadas a Chilpancingo, lo que finalmente ocurrió con sólo 4 de los retenidos.
Consultado por teléfono el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que la regidora María del Carmen Barrera Navarro y los otros tres hombres se encuentran en calidad de presentados ante la FGE para deslindar sus responsabilidades, ya que el grupo armado que los retuvo en San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, los señala de vínculos con Los Tequileros.
Comentó que hay un plazo de 48 horas para determinar su situación legal en caso de conocer sus antecedentes, así como si hay alguna orden de aprehensión o delitos cometidos como secuestro para que sean procesados.
En la tarde en un boletín del gobierno del Estado se informó que al ser puestas en libertad las 20 personas en San Miguel Totolapan retenidas por la "autodefensa", tres hombres y una mujer, “fueron trasladados vía aérea por la Fiscalía para ser presentados a las autoridades, y abrir una carpeta de investigación como presuntos culpables de delincuencia organizada, al ser vinculados como integrantes de la banda delincuencial encabezada por Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero”.
El comunicado detalla que las personas puestas a disposición de la Policía Estatal son René, María, Floriberto y José, “quienes serán sujetos a investigación como presuntos responsables de actividades ilícitas, y en caso de encontrarse culpables serán sujetos a procedimiento conforme a la ley”.
De no proceder, los secuestrados estarían en la posibilidad de emprender acciones legales contra los miembros del grupo armado ligado a La Familia Michoacana que los mantuvo retenidos desde el día 12 de diciembre, por privación ilegal de la libertad y lo que resulte.
Al respecto, el ex presidente del Colegio de Abogados, Victoriano Sánchez Carbajal señaló que en este caso, el gobierno en sus tres niveles, manda un mensaje de que cualquiera puede aplicar la ley por propia mano “y eso puede generar algún juicio político”, pues “cuando vemos que entre particulares se lleva a cabo una negociación de intereses específicos de vidas humanas, estamos en la ausencia del estado de derecho”, señaló en entrevista.
Sánchez Carbajal sostuvo que “sin duda, garantizar la vida de las personas debe ser una prioridad”, pero si se tiene los ojos de la comunidad internacional puestos en México y en particular en Guerrero, y si se ha hablado de violaciones graves a los derechos humanos, con el “antecedente vivo” de casos como el de de Tlatlaya, o los normalistas de Ayotzinapa, o las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una negociación como la que se hizo entre el grupo delictivo de Los Tequileros y el grupo armado vinculado a La Familia Michoacana en San Miguel Totolapan “deja de manifiesto la incapacidad para otorgar seguridad y garantizar los derechos humanos, y la ausencia total del estado de derecho”.
A ello, dijo, se agregan las declaraciones del fiscal, Xavier Olea Peláez, en el sentido de que había recibido la instrucción de “darle pa’ bajo” a El Tequilero, cuando en realidad, dijo, no ha cumplido con su obligación real de detenerlo. “Vemos un estado tolerante a la ineficiencia”, señaló, por lo que dijo, el Congreso también incurre en responsabilidad al no llamar a cuentas al fiscal Xavier Olea.
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