Pobladores de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, donde este lunes se registró un enfrentamiento que dejó entre 4 y 5 muertos según informes contradictorios de la PGR y el gobierno de Guerrero, señalaron que no se trató de una emboscada como se difundió por los canales oficiales sino de un ataque directo contra la población, misma que se defendió.
De acuerdo con pobladores que solicitaron dar su testimonio, la madrugada del lunes el convoy de agentes federales en compañía de sicarios pertenecientes a La Familia Michoacana, irrumpieron en la población, dispararon contra las viviendas, sacaron al morador de un domicilio y lo ejecutaron, lo que detonó que otros pobladores se defendieran.
De acuerdo con los mismos testimonios, la población está en alerta permanente ante las constantes irrupciones del grupo criminal La Familia Michoacana que envía grupos de sicarios desde Arcelia y la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, por lo que bajo ese entendido se defendieron del grupo armado que este lunes entró agrediendo a la población en vehículos sin insignias oficiales.
Las irrupciones de La Familia Michoacana tienen el propósito de apoderarse de la población de La Gavia, o en el menor de los casos desplazarla, y tomar el control del corredor que va hacia la sierra de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Atoyac de Álvarez, donde se encuentra la región amapolera más prolífica del país.
En ese sentido, declararon que los más de cien pobladores que salieron huyendo del poblado tras el enfrentamiento, lo han hecho ante el temor de sufrir nuevos ataques por parte del grupo criminal La Familia Michoacana y las autoridades estatales y federales, pues el grupo delictivo empezó atacando solo, después lo hizo conjuntamente con la autodefensa "Movimiento por la Paz y la Justicia" creada para ese propósito, y ahora lo hace junto a instancias federales, advirtieron.
Y agregaron que si han salido es por temor a los ataques de La Familia Michoacana y las autoridades vinculados a ellos, así como por la criminalización que sufren por parte del gobierno, pues el propio gobernador Héctor Astudillo Flores ha declarado públicamente que el apellido Dealmonte, muy común en la zona, es sinónimo de delincuencia.
"Es como si se dijera que todos los Guzmán son familiares de El Chapo Guzmán y que por tanto son delincuentes", explicaron, y dijeron que la criminalización es especialmente grave porque proviene desde el mismo gobierno.
"Aquí está nuestra tierra, aquí está nuestra vida, quieren que nos vayamos, que nos desplacemos, ¿a dónde vamos a ir?" dijeron. Y algunos lo han hecho, pero los caminos que salen de La Gavia conducen a zonas y ciudades controladas por La Familia Michoacana, donde los pobladores sufren acoso y desapariciones a manos de los delincuentes.
Tan sólo el grupo que salió el lunes de La Gavia, está siendo hostigado por criminales de La Familia Michoacana en Arcelia, el centro operativo de ese cártel en Guerrero, hecho que tuvo que reconocer el gobernador Héctor Astudillo al señalar que los desplazados "estaban teniendo problemas en Arcelia".
Además el testimonio de los pobladores coincide con otros datos reveladores.
Hugo Mendoza Fragoso, uno de los policías muertos en el enfrentamiento del lunes, había sido acusado anteriormente de utilizar métodos ilegales para fabricar o consolidar casos, como ocurrió con el caso contra el abogado José Gerardo Ortega Maya detenido en el 2012 durante el sexenio de Felipe Calderón, a quien se acusó y se sentenció por delincuencia organizada en un proceso plagado de irregularidades, con pruebas ilegales, tortura, testimonios falsificados y "testigos protegidos", mismo método que se pretendería replicar en La Gavia.
Ahora se sabe que el supuesto operativo del lunes era dirigido por Emilio García Ruíz, director general de Investigación de Delitos Federales de la PGR, quien cuenta con denuncias por despojo, secuestro, robo y abuso de autoridad.
Y de acuerdo con versiones de elementos de la propia Policía Federal Ministerial, Emilio García Ruíz y otros mandos organizaron el operativo secreto para irrumpir en La Gavia, con el objetivo de saquear algunas propiedades.
De acuerdo con sus palabras textuales, el objetivo de Emilio García Ruíz era "reventar una casa de seguridad donde les dijeron que había mucho dinero".
Para ello, el convoy de la PGR se hizo acompañar de miembros de La Familia Michoacana, entre los que se pudo identificar a los individuos de nombres Juan Pérez Sánchez, Adalí Villarreal y Narciso Rodríguez, quienes operan para ese grupo criminal en San Miguel Totolapan, Arcelia y Ajuchitlán del Progreso.
Esta sería la razón por la que el convoy evitó detenerse e identificarse en los filtros de revisión implementados por la Marina, el Ejército y la Policía Estatal en distintos puntos de la carretera de San Miguel Totolapan, quienes a su vez permitieron que la caravana de vehículos sin ningún logotipo oficial irrumpiera y atacara por enésima vez a La Gavia.
Pero los cálculos salieron mal, pues al allanar los domicilios y asesinar a uno de los habitantes, otros pobladores decidieron defenderse de lo que consideraron otro ataque más de La Familia Michoacana.
Luego de que la operación fallara y se conociera la identidad de los irruptores, Emilio García Ruíz y los oficiales de la PGR a cargo, han acusado a policías, militares y marinos de estar corrompidos y haber filtrado información, en un juego sucio en el que buscan librarse de responsabilidades legales y sociales.
Sin embargo, quienes sufren las consecuencias son los propios pobladores de La Gavia, quienes en un año han sufrido al menos tres irrupciones armadas en las que participa La Familia Michoacana, con saldo de 8 pobladores muertos.
La primera fue el 20 de marzo de 2016, cuando sicarios de La Familia Michoacana procedentes de Arcelia irrumpieron en el festejo patronal de La Gavia y dispararon indistintamente contra los asistentes, dejando un saldo de 4 pobladores muertos.
La segunda irrupción se registró el 10 de mayo de este año, donde participaron jefes de plaza de La Familia Michoacana de al menos 5 municipios y miembros de la autodefensa "Movimiento por la Paz y la Justicia" de San Miguel Totolapan, que funcionan como su brazo armado, cobrando un saldo de 3 pobladores muertos y 5 de los irruptores abatidos.
El tercer ataque es el del lunes, en el que participaron elementos de la PGR bajo la dirección de García Ruíz.
De acuerdo con pobladores que solicitaron dar su testimonio, la madrugada del lunes el convoy de agentes federales en compañía de sicarios pertenecientes a La Familia Michoacana, irrumpieron en la población, dispararon contra las viviendas, sacaron al morador de un domicilio y lo ejecutaron, lo que detonó que otros pobladores se defendieran.
De acuerdo con los mismos testimonios, la población está en alerta permanente ante las constantes irrupciones del grupo criminal La Familia Michoacana que envía grupos de sicarios desde Arcelia y la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, por lo que bajo ese entendido se defendieron del grupo armado que este lunes entró agrediendo a la población en vehículos sin insignias oficiales.
Las irrupciones de La Familia Michoacana tienen el propósito de apoderarse de la población de La Gavia, o en el menor de los casos desplazarla, y tomar el control del corredor que va hacia la sierra de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Atoyac de Álvarez, donde se encuentra la región amapolera más prolífica del país.
En ese sentido, declararon que los más de cien pobladores que salieron huyendo del poblado tras el enfrentamiento, lo han hecho ante el temor de sufrir nuevos ataques por parte del grupo criminal La Familia Michoacana y las autoridades estatales y federales, pues el grupo delictivo empezó atacando solo, después lo hizo conjuntamente con la autodefensa "Movimiento por la Paz y la Justicia" creada para ese propósito, y ahora lo hace junto a instancias federales, advirtieron.
Y agregaron que si han salido es por temor a los ataques de La Familia Michoacana y las autoridades vinculados a ellos, así como por la criminalización que sufren por parte del gobierno, pues el propio gobernador Héctor Astudillo Flores ha declarado públicamente que el apellido Dealmonte, muy común en la zona, es sinónimo de delincuencia.
"Es como si se dijera que todos los Guzmán son familiares de El Chapo Guzmán y que por tanto son delincuentes", explicaron, y dijeron que la criminalización es especialmente grave porque proviene desde el mismo gobierno.
"Aquí está nuestra tierra, aquí está nuestra vida, quieren que nos vayamos, que nos desplacemos, ¿a dónde vamos a ir?" dijeron. Y algunos lo han hecho, pero los caminos que salen de La Gavia conducen a zonas y ciudades controladas por La Familia Michoacana, donde los pobladores sufren acoso y desapariciones a manos de los delincuentes.
Tan sólo el grupo que salió el lunes de La Gavia, está siendo hostigado por criminales de La Familia Michoacana en Arcelia, el centro operativo de ese cártel en Guerrero, hecho que tuvo que reconocer el gobernador Héctor Astudillo al señalar que los desplazados "estaban teniendo problemas en Arcelia".
Además el testimonio de los pobladores coincide con otros datos reveladores.
Hugo Mendoza Fragoso, uno de los policías muertos en el enfrentamiento del lunes, había sido acusado anteriormente de utilizar métodos ilegales para fabricar o consolidar casos, como ocurrió con el caso contra el abogado José Gerardo Ortega Maya detenido en el 2012 durante el sexenio de Felipe Calderón, a quien se acusó y se sentenció por delincuencia organizada en un proceso plagado de irregularidades, con pruebas ilegales, tortura, testimonios falsificados y "testigos protegidos", mismo método que se pretendería replicar en La Gavia.
Ahora se sabe que el supuesto operativo del lunes era dirigido por Emilio García Ruíz, director general de Investigación de Delitos Federales de la PGR, quien cuenta con denuncias por despojo, secuestro, robo y abuso de autoridad.
Y de acuerdo con versiones de elementos de la propia Policía Federal Ministerial, Emilio García Ruíz y otros mandos organizaron el operativo secreto para irrumpir en La Gavia, con el objetivo de saquear algunas propiedades.
De acuerdo con sus palabras textuales, el objetivo de Emilio García Ruíz era "reventar una casa de seguridad donde les dijeron que había mucho dinero".
Para ello, el convoy de la PGR se hizo acompañar de miembros de La Familia Michoacana, entre los que se pudo identificar a los individuos de nombres Juan Pérez Sánchez, Adalí Villarreal y Narciso Rodríguez, quienes operan para ese grupo criminal en San Miguel Totolapan, Arcelia y Ajuchitlán del Progreso.
Esta sería la razón por la que el convoy evitó detenerse e identificarse en los filtros de revisión implementados por la Marina, el Ejército y la Policía Estatal en distintos puntos de la carretera de San Miguel Totolapan, quienes a su vez permitieron que la caravana de vehículos sin ningún logotipo oficial irrumpiera y atacara por enésima vez a La Gavia.
Pero los cálculos salieron mal, pues al allanar los domicilios y asesinar a uno de los habitantes, otros pobladores decidieron defenderse de lo que consideraron otro ataque más de La Familia Michoacana.
Luego de que la operación fallara y se conociera la identidad de los irruptores, Emilio García Ruíz y los oficiales de la PGR a cargo, han acusado a policías, militares y marinos de estar corrompidos y haber filtrado información, en un juego sucio en el que buscan librarse de responsabilidades legales y sociales.
Sin embargo, quienes sufren las consecuencias son los propios pobladores de La Gavia, quienes en un año han sufrido al menos tres irrupciones armadas en las que participa La Familia Michoacana, con saldo de 8 pobladores muertos.
La primera fue el 20 de marzo de 2016, cuando sicarios de La Familia Michoacana procedentes de Arcelia irrumpieron en el festejo patronal de La Gavia y dispararon indistintamente contra los asistentes, dejando un saldo de 4 pobladores muertos.
La segunda irrupción se registró el 10 de mayo de este año, donde participaron jefes de plaza de La Familia Michoacana de al menos 5 municipios y miembros de la autodefensa "Movimiento por la Paz y la Justicia" de San Miguel Totolapan, que funcionan como su brazo armado, cobrando un saldo de 3 pobladores muertos y 5 de los irruptores abatidos.
El tercer ataque es el del lunes, en el que participaron elementos de la PGR bajo la dirección de García Ruíz.
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