Elvira Santibáñez Margarito, la sicaria de 22 años de La Familia Michoacana que aparece en un video cuando es torturada por dos elementos del Ejército y una policía federal, podría obtener su libertad si su defensa demuestra violaciones a sus garantías, indicaron expertos en derechos humanos y procuración de justicia sobre las consecuencias de este abuso.
La mujer, detenida el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, está presa en el penal federal 16 del estado de Morelos (otras fuentes dicen que en el de Tepic, Nayarit) por el delito de portación de arma de fuego.
En este caso no sólo podría argumentarse tortura y que toda evidencia en su contra es inválida, también pueden existir violaciones al debido proceso, porque la entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) un día después de las imágenes captadas en video.
Sergio Méndez Silva, abogado de la organización Justicia Pro Persona; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, indicaron que aun cuando la joven pueda ser responsable del delito que se le imputa, el abuso cometido abre la puerta para que obtenga su libertad.
De acuerdo con el expediente AP/PGR/SEIDO/UEITA/017/2015, Elvira Santibáñez fue detenida junto con otros dos sujetos con tres armas AK47 y un rifle de asalto AR15, además de una pistola y diversas municiones, por lo que fue remitida a la PGR el 5 de febrero de 2015, es decir, un día después de que fue asegurada y se grabó el video en el que la interrogan de forma ilegal.
Tras conocerse la filmación, en la que asfixian a la joven con una bolsa de plástico en el rostro y le apuntan al rostro con un arma como método de “interrogación”, lo ocurrido puede permitirle recurrir las evidencias en su contra.
Méndez Silva indicó que “querían que confesara algo, habría que saber si la obtuvieron y está en la averiguación previa. De ser así, todas las pruebas derivadas de la confesión tendrían que anularse porque es una prueba ilícita. La consecuencia natural es la liberación”, explicó.
Dijo que a partir de lo que muestra el video, a Santibáñez Margarito le afectaron su libertad, la integridad personal y sicológica, por lo que podría exigir no sólo la excarcelación, sino una indemnización. “El respeto a los derechos humanos es en beneficio de todos, tanto de las víctimas como de los acusados”, recordó.
Agregó que si las pruebas que presentaron en su contra fueron producto de la tortura, impactaría en el proceso, se anularían, y el Estado tiene que repararle necesariamente por el daño que le causaron.
María Elena Morera lamentó que la forma en que se buscan las confesiones “tiran los casos y, aunque sean culpables salen por actos de tortura, y a quien terminan haciéndole un daño las autoridades es a la propia víctima y a la sociedad en general”.
Édgar Cortez comenta que la tortura hace que la persona acepte delitos que probablemente no cometió, se vulnera el debido proceso y, en caso de que sea responsable de un delito, toda evidencia obtenida de esa forma se invalida. “Esos actos tienen el efecto de tener inocentes en la cárcel y delincuentes en la calle”, dice.
Indagan a agente. La Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad, inició un proceso ante el Consejo de Honor y Justicia en contra de la agente que participó, junto con militares, en los actos de tortura contra Elvira Santibáñez.
Por instrucciones del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, la Unidad de Asuntos Internos se hizo cargo de localizar a la agente implicada en el caso, quien será puesta a disposición de la PGR en cuanto concluyan las pruebas de identidad que confirmen que se trata de la misma persona que aparece en el video.
El titular de la CNS, Renato Sales, dijo que se aplicará la ley, puesto que “no se pueden combatir ilícitos cometiendo un delito”.
Historial delictivo
Santibáñez fue detenida junto con otros dos hombres el año pasado, como presunta miembro del cártel de “La Familia Michoacana”, que se dedicaba al secuestro, extorsión y homicidio, y que operaba en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, informaron fuentes de la Base de Operaciones Mixtas (Policía Federal, Ejército y PGR).
Sus compañeros de delito fueron identiticados como José Villalobos Díaz, de 32 años, originario de Arcelia y Juan Hernández Villa, de 35 años, también de Arcelia, a quienes se les detuvo con 4 armas largas (tres AK-47 y un AR15); un arma corta calibre .22; nueve cargadores (ocho para arma larga y uno para arma corta); 189 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39; 10 cartuchos útiles calibre .223 y 10 cartuchos útiles calibre 22.
La mujer fue presentada ante el Ministerio Público Federal en Iguala el 5 de febrero del año pasado, justo después de que fuera torturada.
La mujer, detenida el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, está presa en el penal federal 16 del estado de Morelos (otras fuentes dicen que en el de Tepic, Nayarit) por el delito de portación de arma de fuego.
En este caso no sólo podría argumentarse tortura y que toda evidencia en su contra es inválida, también pueden existir violaciones al debido proceso, porque la entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) un día después de las imágenes captadas en video.
Sergio Méndez Silva, abogado de la organización Justicia Pro Persona; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, indicaron que aun cuando la joven pueda ser responsable del delito que se le imputa, el abuso cometido abre la puerta para que obtenga su libertad.
De acuerdo con el expediente AP/PGR/SEIDO/UEITA/017/2015, Elvira Santibáñez fue detenida junto con otros dos sujetos con tres armas AK47 y un rifle de asalto AR15, además de una pistola y diversas municiones, por lo que fue remitida a la PGR el 5 de febrero de 2015, es decir, un día después de que fue asegurada y se grabó el video en el que la interrogan de forma ilegal.
Tras conocerse la filmación, en la que asfixian a la joven con una bolsa de plástico en el rostro y le apuntan al rostro con un arma como método de “interrogación”, lo ocurrido puede permitirle recurrir las evidencias en su contra.
Méndez Silva indicó que “querían que confesara algo, habría que saber si la obtuvieron y está en la averiguación previa. De ser así, todas las pruebas derivadas de la confesión tendrían que anularse porque es una prueba ilícita. La consecuencia natural es la liberación”, explicó.
Dijo que a partir de lo que muestra el video, a Santibáñez Margarito le afectaron su libertad, la integridad personal y sicológica, por lo que podría exigir no sólo la excarcelación, sino una indemnización. “El respeto a los derechos humanos es en beneficio de todos, tanto de las víctimas como de los acusados”, recordó.
Agregó que si las pruebas que presentaron en su contra fueron producto de la tortura, impactaría en el proceso, se anularían, y el Estado tiene que repararle necesariamente por el daño que le causaron.
María Elena Morera lamentó que la forma en que se buscan las confesiones “tiran los casos y, aunque sean culpables salen por actos de tortura, y a quien terminan haciéndole un daño las autoridades es a la propia víctima y a la sociedad en general”.
Édgar Cortez comenta que la tortura hace que la persona acepte delitos que probablemente no cometió, se vulnera el debido proceso y, en caso de que sea responsable de un delito, toda evidencia obtenida de esa forma se invalida. “Esos actos tienen el efecto de tener inocentes en la cárcel y delincuentes en la calle”, dice.
Indagan a agente. La Policía Federal, de la Comisión Nacional de Seguridad, inició un proceso ante el Consejo de Honor y Justicia en contra de la agente que participó, junto con militares, en los actos de tortura contra Elvira Santibáñez.
Por instrucciones del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, la Unidad de Asuntos Internos se hizo cargo de localizar a la agente implicada en el caso, quien será puesta a disposición de la PGR en cuanto concluyan las pruebas de identidad que confirmen que se trata de la misma persona que aparece en el video.
El titular de la CNS, Renato Sales, dijo que se aplicará la ley, puesto que “no se pueden combatir ilícitos cometiendo un delito”.
Historial delictivo
Santibáñez fue detenida junto con otros dos hombres el año pasado, como presunta miembro del cártel de “La Familia Michoacana”, que se dedicaba al secuestro, extorsión y homicidio, y que operaba en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, informaron fuentes de la Base de Operaciones Mixtas (Policía Federal, Ejército y PGR).
Sus compañeros de delito fueron identiticados como José Villalobos Díaz, de 32 años, originario de Arcelia y Juan Hernández Villa, de 35 años, también de Arcelia, a quienes se les detuvo con 4 armas largas (tres AK-47 y un AR15); un arma corta calibre .22; nueve cargadores (ocho para arma larga y uno para arma corta); 189 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39; 10 cartuchos útiles calibre .223 y 10 cartuchos útiles calibre 22.
La mujer fue presentada ante el Ministerio Público Federal en Iguala el 5 de febrero del año pasado, justo después de que fuera torturada.
