martes, 29 de noviembre de 2016

Gobernador de Guerrero y su fiscal, vinculados a La Familia Michoacana

Hace unos días, de acuerdo al Fiscal del estado de Guerrero, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores ordenó la ejecución extrajudicial del delincuente "El Tequilero", al que atribuyen gran parte de la violencia que azota la Tierra Caliente.

"No lo vamos a detener, lo vamos a acabar, le vamos a dar p'a bajo, ésa es la orden del gobernador", dijo furioso el fiscal Xavier Olea.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el otro delincuente, el que oficialmente está identificado como el más sanguinario en la Tierra Caliente de Guerrero y del Estado de México, de nombre Johnny Hurtado Olascoaga conocido como "El Pez", quien secuestró y descuartizó a tres herreros de Teloloapan, el fiscal cambió súbitamente su tono y dijo que al Pez no, que al "Pez" iban "a ver si" lo detenían, sin decir cuándo.

¿Por qué el gobierno de Héctor Astudillo se lanza contra un grupo de secuestradores pero permite que otro grupo de secuestradores, más sanguinarios todavía, operen con total libertad e impunidad? ¿Por qué no hacen lo mismo para detener al Pez, a pesar de que miles de pobladores de los municipios de Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso y Arcelia imploran por más seguridad?

El líder de la banda de secuestradores que descuartiza a sus víctimas se encuentra en la dirección opuesta a San Miguel Totolapan, en el lado de Arcelia. En Arcelia inicia el imperio de la Familia Michoacana, el cual se extiende por los municipios de Tlapehuala, Acapetlahuaya de General Canuto A. Neri, Tlatlaya, Sultepec, Amatepec, Zacualpan, Tejupilco y Luvianos, entre el estado de Guerrero y el Estado de México, desde donde desatan una ola de terror y crímenes en derredor de las poblaciones vecinas, con el apoyo de alcaldes, fiscales, policías, militares y funcionarios y políticos corruptos de los tres niveles de gobierno.

¿Pero por qué el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo y su fiscal se niegan a perseguir al Pez?

La respuesta es sencilla.

Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, El Pescado, El Fish, El Mojarro o Don Gabino, es socio de minas que explotan oro y uranio en el cinturón minero que corre desde Arcelia hasta el Balsas, en las que también es socio el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz.

El uranio explotado es transportado a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo a través de flotillas de camiones aglutinadas en la CTM de Arcelia y en una compañía de transportes pesados propiedad del Pez, desde donde es traficado en barcos hacia China.

La CTM, la compañía de transportes del Pez y las asociaciones transportistas de Arcelia con el apoyo del alcalde de turno, actualmente el priista Adolfo Torales Catalán, son quienes bloquean las carreteras de Arcelia para demandar la salida de corporaciones policiacas o militares que afecten sus intereses, así como para impedir el rescate de secuestrados. Tal como ocurrió en junio de 2012, julio de 2013, febrero de 2014, enero de 2016 y noviembre de 2016.

Por el otro lado, el gobierno de Héctor Astudillo se ha caracterizado por impulsar proyectos mineros en zonas controladas por el narco como supuesta estrategia de desarrollo. De hecho, la veta de oro más rica de América Latina se encuentra en el cinturón minero que El Pez pretende seguir controlando. Puesto que muchas comunidades se niegan a ceder sus territorios para la explotación minera, el crimen organizado es la herramienta que secuestra, asesina, extorsiona y aterroriza a poblaciones enteras para provocar sus desplazamientos, sembrar el miedo y acallar las inconformidades. El trabajo perfecto para El Pez.

En correspondencia a sus favores, el gobierno de Guerrero, a través del fiscal estatal, atribuye los delitos cometidos por La Familia Michoacana a organizaciones rivales, como la de Los Tequileros, que es una organización minúscula y mal armada que no alcanza el grado de cártel y que opera en dos o tres comunidades rurales. Las posturas del fiscal y del Pez son trabajadas desde el Ministerio Público y desde la Policía Ministerial de Arcelia, y son precedidas por notas de reporteros locales que abren el camin
o para exculpar de los crímenes a La Familia Michoacana y adjudicarlos a grupos antagónicos. Uno de los principales reporteros designados para esta tarea es Cecilio Pineda Birto, quien está identificado por inteligencia mexicana como operador de medios de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Otros reporteros son Israel Flores y Agustín Hernández Arenas.

El fiscal Xavier Olea, amigo cercano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari y abogado defensor de narcos y asesinos, ha echado andar una y otra vez esta maquinaria para lavarle las manos al Pez y adjudicarle sus crímenes al grupo de Los Tequileros.

Uno de estos casos es el atentado contra la comunidad de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, registrado el 20 de marzo de 2016, cuando un grupo de sicarios fuertemente armados irrumpió en un baile y disparó contra todos las personas que estaban ahí, dejando 4 personas muertas y 7 heridas . El fiscal y los medios atribuyeron el ataque a Los Tequileros, pero la realidad es otra: el ataque provino desde Arcelia por órdenes del Pez.

Los responsables de llevar el ataque a cabo fueron Wilbert Rodríguez, alias "El 80", "8" o "Búho", jefe de plaza en Arcelia; Ramiro Bahena Urieta, alias "El Güero Pelayo"; Gerardo Palacios Bernal, alias "El 04"; Lucrecio Ochoa Lagunes o Lucrecio Valenzuela Lemus, alias "El Borrego" y Conrado Mendoza, alias "Comando Ope", hijo del presidente municipal de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta. La misión era matar al mayor número posible de personas originarias de La Gavia.

Al día siguiente la maquinaria del Fiscal Xavier Olea y El Pez se echó a andar para atribuir el crimen a sus rivales. Desde entonces ésa ha sido la constante en Tierra Caliente.

Por esto, los pobladores del Estado de Guerrero y del Estado de México, hartos de vivir en el terror, exigimos el abatimiento o la captura inmediata del "Pez" y de todos los miembros de La Familia Michoacana, así como de los funcionarios y políticos corruptos que los apoyan.

Ramiro Bahena Urieta, Güero Pelayo



Cae sicario de la FM implicado en desaparición de trabajadores del SAT en Tlatlaya; identifican al resto

Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México lograron la detención de Luis Antonio Trejo Franco, "El Chilango",  integrante de La Familia Michoacana y relacionado con la desaparición de Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa, empleados del SAT  quienes se trasladaron a Tlatlaya únicamente para realizar unas notificaciones, pero en el camino fueron abordados por los delincuentes.

En un comunicado conjunto, fuerzas de seguridad federales y del Estado de México dieron a conocer que este sujeto está relacionado con delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Indicó que se le imputa la desaparición de los dos servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, el 17 de junio pasado, quienes se trasladaron Tlatlaya para realizar diversas notificaciones.

El Chilango está presuntamente relacionado con el secuestro de los servidores públicos, hecho investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los movimientos de este individuo eran seguidos por los elementos de la procuraduría mexiquense y de corporaciones federales desde hace varias semanas.

De ahí que la madrugada del domingo 4 de septiembre, agentes mexiquenses localizaron a este sujeto en calles del municipio de Naucalpan, Estado de México, donde fue detenido.

A raíz de la denuncia por la desaparición de ambos funcionarios federales fue iniciada una indagatoria para su localización, en la que tomaron parte la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la PGR.

Lo anterior, en coadyuvancia de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como de la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES).

Asimismo, desde el inicio de las investigaciones y acciones de búsqueda y localización se contó con el apoyo y colaboración del SAT.

Detallaron que desde la desaparición se realizaron 119 operativos de búsqueda en los municipios de Amatepec, Tejupilco, Tlatlaya, Sultepec y Zacualpan, en el Estado de México, así como en Guerrero y Morelos.

Señalaron que derivado de estas diligencias, los elementos federales y estatales destinados a la búsqueda de los servidores públicos del SAT, llevaron a cabo detenciones y aseguramientos de diversos artículos.

Informaron que fueron detenidas 49 personas por los delitos de portación, acopio y tráfico de armas; contra la salud; ataques a las vías de comunicación; contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, y uso de documentos falsos y cohecho.

También fueron aseguradas 14 armas de fuego, mil 512 cartuchos útiles de diversos calibres, 22 cargadores, 84 casquillos percutidos, 14 vehículos, cinco armas blancas y dos motosierras.

Del mismo modo, 171 envoltorios de mariguana, seis plantas de esa misma droga, así como 23 teléfonos celulares, tres radios transmisores, 10 porta cargadores, y un equipo de antena repetidora de radiocomunicación con dos celdas solares.

Señalaron que el 28 de junio pasado, la procuraduría mexiquense remitió un desglose de la investigación a la delegación de la PGR en el Estado de México, para que esa dependencia actuara en ejercicio de sus atribuciones.

Lo anterior, por tratarse de la probable comisión de un delito de carácter federal, por lo que este sujeto fue remitido a la SEIDO con la finalidad de dar cumplimiento a efecto de determinar su situación jurídica.

Los operativos permitieron localizar, en el municipio de Ixcateopan, en Guerrero, la camioneta que utilizaron los servidores públicos del SAT para trasladarse a la zona sur de la entidad.

Según declaraciones de vecinos de diversas comunidades y de algunas de las personas aseguradas, los empleados del SAT fueron privados de la libertad y presumiblemente de la vida por La Familia Michoacana, en la que se identifica como miembro a Luis Antonio Trejo Franco, y estuvieron involucradas por lo menos tres personas más.

Entre los otros responsables identificados en este delito están Esteban Trujillo Urieta, "El Flaco", "Panzas" o "Huesos", quien es hermano de Nicolás Trujillo Urieta , "El M-16" o "Nico"; Armando Jaimes Lagunas, "El Martillo" y Adelina Bahena Urieta, hermana de Ramiro Bahena Urieta, "El Güero Pelayo", quienes son primos de "El Flaco".

Tanto Armando Jaimes Lagunas como Esteban Trujillo Urieta están identificados como los cabecillas de los reductos de La Familia Michoacana en los municipios de Teloloapan, Ixcateopan, Acapetlahuaya de Canuto A. Neri, Apaxtla de Castrejón e Ixcapuzalco de Pedro Ascencio Alquisiras, estado de Guerrero, así como en Zacualpan, Sultepec, Tlatlaya y Amatepec en el Estado de México. Mientras que Adelina Bahena Urieta está encargada de los inmuebles y ranchos a donde trasladan a las víctimas de secuestro, armas y drogas en los municipios de Amatepec y Tejupilco, Estado de México.


Luis antonio Trejo Franco, "El Chilango"
Armando Jaimes Lagunas El Martillo,
Armando Jaimes Lagunas, "El Martillo"
Adelina Bahena Urieta, "Adelina"